25th febrero 2026
Reforma en San Luis Potosí para fortalecer la protección de niñas y adolescentes frente a la violencia sexual
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Foto crédito: María José Puente Zavala
Organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Congreso del Estado de San Luis Potosí, en México, una iniciativa de reforma al Código Penal que propone modificar la definición legal de los delitos sexuales para alinearla con estándares internacionales de derechos humanos.
Impulsada por Lúminas Centro de Derechos Humanos A.C. y la Red Libres: por una vida libre de violencia sexual para niñeces y adolescencias, con asesoría técnica de Equality Now, la propuesta incorpora de manera expresa una definición de consentimiento y establece con claridad las circunstancias en las que éste no puede inferirse. Asimismo, en el delito de violación sustituye el criterio que exigía probar fuerza o resistencia por un enfoque que coloca en el centro la ausencia de consentimiento, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
Además, plantea eliminar disposiciones discriminatorias que perpetúan estereotipos de género y han contribuido a la impunidad en casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes.
Entre los cambios clave, se introduce por primera vez una definición expresa de consentimiento sexual en el Código Penal de San Luis Potosí. El texto establece que el consentimiento debe ser libre, voluntario, consciente y revocable en cualquier momento, y que no puede inferirse del silencio, de la falta de resistencia ni de relaciones previas entre las personas involucradas.
Asimismo, precisa que el consentimiento queda anulado en contextos de coerción, abuso de poder o vulnerabilidad, incluyendo situaciones en las que la persona afectada se encuentre inconsciente, dormida, intoxicada o bajo efectos de sustancias, así como en relaciones de autoridad, dependencia o confianza.
Con ello, la propuesta abandona el paradigma centrado en la fuerza física y alinea la legislación estatal con el estándar internacional que define la violencia sexual a partir de la ausencia de consentimiento.
La iniciativa también propone derogar el delito de estupro,previsto actualmente en el artículo 179 del Código Penal de San Luis Potosí, una figura penal que clasifica ciertos actos de violencia sexual contra adolescentes como un delito de menor gravedad y prevé sanciones inferiores a las de la violación. Órganos internacionales de derechos humanos, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), han señalado que los Estados deben garantizar una protección reforzada a niñas y adolescentes, eliminar estereotipos de género del derecho penal y evitar distinciones legales que minimicen la gravedad de la violencia sexual. La reforma busca cerrar vacíos normativos que han contribuido a la impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que este tipo de figuras perpetúa estereotipos de género y obstaculiza la protección efectiva de adolescentes sobrevivientes.
La iniciativa retoma criterios consolidados en el derecho internacional. El Comité CEDAW, la Plataforma de Expertas Independientes sobre Violencia contra la Mujer (EDVAW), el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y la Corte IDH han establecido que el elemento central de los delitos sexuales debe ser la ausencia de consentimiento, y no la presencia de fuerza física.
sentencia Angulo Losada vs. Bolivia
Elizabeth C. Plácido, Associate Manager en Equality Now, señaló que esta reforma retoma el principio de protección reforzada desarrollado por la Corte Interamericana, que obliga al Estado mexicano a actuar con la máxima diligencia frente a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.
“No se trata solo de sancionar conductas, sino de garantizar que ninguna norma minimice la gravedad de estos hechos, que no existan privilegios para agresores y que el interés superior de la niñez y adolescencia sea una prioridad absoluta”, afirmó.
La reforma se inscribe en un contexto de alta prevalencia y subregistro de la violencia sexual. ENDIREH 2021 documenta que la violencia sexual continúa siendo una de las formas más extendidas de violencia contra las mujeres en México. Sin embargo, la propia encuesta evidencia que solo una parte de estos hechos es denunciada ante las autoridades, debido a factores como miedo, desconfianza institucional y falta de protección.
De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, San Luis Potosí se ha ubicado entre las entidades federativas con mayores cifras de llamadas de emergencia por violación y abuso sexual en los últimos años.
Este contexto refuerza la urgencia de contar con marcos legales que eliminen obstáculos probatorios, eviten la revictimización y faciliten una respuesta institucional acorde con estándares internacionales de derechos humanos.
“Lo que cambia con esta iniciativa es cómo se entiende el delito. Ya no se trata de demostrar golpes o resistencia, sino de analizar si hubo consentimiento libre y voluntario. Esto permite que las autoridades investiguen considerando el contexto, las relaciones de poder y las situaciones de vulnerabilidad que muchas veces quedan invisibilizadas”, señaló Fátima Alvizo, cofundadora de Lúminas A.C.
México es un país federado donde los 32 estados cuentan con su propio Código Penal, además del Código Penal Federal. En un análisisreciente, Equality Now examinó los 33 códigos penales del país y encontró que al menos 20 códigos estatales y el Código Penal Federal siguen definiendo la violación a partir del uso de la fuerza, en lugar de la ausencia de consentimiento, lo que los aparta de los estándares internacionales y dificulta la investigación efectiva de los casos.
Estas brechas fueron documentadas en el reporte Fracaso en la protección: Cómo las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual perjudican a las mujeres, niñas y adolescentes en las Américas, donde Equality Now advierte que definiciones basadas en la fuerza y prácticas probatorias restrictivas han contribuido a perpetuar la impunidad y a obstaculizar el acceso efectivo a la justicia en la región.
En 2025, Oaxaca se convirtió en el primer estado mexicano en adoptar una definición de violación basada en el consentimiento. Ese precedente abrió el camino para que otros estados impulsen procesos similares, como en el caso de Sonora, además de San Luis Potosí, en donde Equality Now trabaja con organizaciones aliadas para promover reformas.
A nivel federal, la Cámara de Diputados de México aprobó en febrero de 2026, una reforma al Código Penal Federal que amplía la definición de abuso sexual al reconocer que no se puede considerar consentimiento cuando la voluntad de una persona es anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad y tampoco puede presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia de la víctima.
Ahora esta reforma se encuentra pendiente de aprobación en el Senado. La discusión pública en torno a esta reforma se intensificó tras un episodio de violencia sexual, perpetrado en público contra la presidenta de México, que reavivó el debate sobre la prevalencia del abuso y la agresión sexual en el país.
Para Equality Now, el cambio normativo es una pieza central, pero no la única. Como señaló Bárbara Jiménez Santiago, Representante Regional para América Latina y el Caribe:
“Las reformas legales son fundamentales, pero deben ir acompañadas de capacitación a operadores y operadoras de justicia, fortalecimiento institucional y trabajo con sociedad civil. Nuestro enfoque en México combina asistencia técnica legislativa, formación, articulación regional y seguimiento a la implementación, porque transformar la respuesta frente a la violencia sexual requiere cambios integrales y sostenidos.”
Actualmente, Equality Now trabaja junto a organizaciones aliadas en distintos estados mexicanos para promover reformas basadas en el consentimiento, fortalecer capacidades institucionales y acompañar la aplicación práctica de los nuevos estándares. El objetivo es avanzar hacia un sistema que garantice acceso real y efectivo a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes en todo el país, sin discriminación.