Organizaciones de derechos humanos expresan preocupación ante la ONU por leyes discriminatorias en materia de violencia sexual y los recortes presupuestarios para servicios a mujeres y niñas en México.
Ciudad de México, 23 de enero, 2024 – Al menos la mitad de las mujeres de México han sufrido violencia sexual, y los índices siguen en aumento tanto entre las mujeres adultas como entre las adolescentes y las niñas. A pesar de ello, el gobierno mexicano no ha derogado las leyes discriminatorias que permiten a los agresores eludir el castigo, y el presupuesto para apoyar a las mujeres y abordar la violencia sexual y de género se ha estancado o recortado.
Estas y otras cuestiones se abordan en dos informes presentados por la Coalición Aliadas por la Igualdad y la No Violencia (ALIADAS) – coalición integrada por Colectiva Ciudad y Género, Center for Justice and International Law (CEJIL), Equality Now, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación, y Raíces Análisis de Género para el Desarrollo – al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) al que México se someterá este 24 de enero.
México ha logrado algunos avances significativos en cuestiones de derechos de las mujeres planteadas en su último EPU en 2018, como la legalización del aborto en 12 estados del país y el aumento de la participación de las mujeres en el gobierno. Sin embargo, la violencia contra las mujeres ha empeorado. Las estadísticas del gobierno revelan que 49.7% de las mujeres, adolescentes y niñas de 15 años en adelante han experimentado violencia sexual, un aumento respecto al 41,3 % de 2016. Se estima que el alcance real es mayor, ya que existe un subregistro porque la gran mayoría de los delitos no se denuncian.
Leyes inadecuadas permiten que los agresores evadan la justicia
Para la realización de los informes, ALIADAS analizó 33 códigos penales que responden a la estructura jurídica federal mexicana, según la cual además de las leyes federales, los estados pueden aplicar sus propias leyes y políticas. Sandra Ramírez, asesora legal de
Equality Now, explica que: “Las definiciones de violación en los distintos códigos no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos. Las leyes mexicanas sobre violencia sexual se centran en la fuerza en lugar del consentimiento, lo que desconsidera las experiencias de mujeres y niñas víctimas de violación y perpetúa la impunidad”.
Debido a que las autoridades solo investigan cuando existe “suficiente” evidencia del uso de fuerza física del agresor, la mayoría de los delitos de violencia sexual no llegan a los tribunales, provocando una impunidad generalizada.
Las definiciones de violación deben basarse en el consentimiento, genuino y dispuesto, y reconocer la amplia gama de circunstancias coercitivas en las que las víctimas son incapaces de dar su consentimiento. Por ello, ALIADAS recomienda que México modifique su código penal y armonice toda la legislación en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, estandarizando las definiciones legales en todas las jurisdicciones.
Obstáculos en el acceso a la justicia
La información presentada destaca obstáculos que enfrentan las sobrevivientes de violencia sexual al querer acceder a la justicia, entre ellos, el hecho de que la carga de la prueba recae en la víctima, que es quien debe interponer la denuncia (o sus representantes legales si es menor de edad). En esta etapa inicial las autoridades policiales que investigan tienen amplias oportunidades para disuadir a las sobrevivientes de presentar o continuar con su denuncia.
Otras presiones para que las víctimas no continúen con sus casos incluyen la falta de confianza en la policía y otras autoridades, las amenazas del crimen organizado, la cultura machista profundamente arraigada y las cargas financieras prohibitivas de buscar asistencia legal.
Una barrera que también enfrentan las sobrevivientes surge de la existencia de una figura de “perdón” en los delitos de violencia sexual, mediante la cual los procedimientos penales pueden finalizar a petición de la víctima o su tutor legal. Esta figura puede llevar a situaciones de presiones, amenazas y/o coacciones.
ALIADAS considera que México debe modificar los códigos penales para considerar el contexto en que ocurre la violencia y garantizar que el “perdón” no sea una opción legal para que los acusados de violencia sexual eviten ser procesados.
Las leyes permiten penas menores para las violaciones de adolescentes
Una brecha legal grave que hace a las adolescentes especialmente vulnerables a la violencia sexual es la figura del esatupro, una disposición legal que puede aplicarse cuando un adulto viola a una adolescente que supera la edad legal de consentimiento, pero es menor de 18 años. Esta figura persiste en 28 entidades federativas -87,5% del total de México-, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El informe de ALIADAS destaca que el estupro “se usa para evadir la justicia cuando los entes investigadores tipifican estupro en lugar de violación” pues implica severos impedimentos para el acceso pleno a la justicia debido a que las penas prescritas son mucho más bajas que las aplicables por violación.
ALIADAS recomienda que, junto con modificiar la definición de violación con base en el estándar internacional de falta de consentimiento, se derogue el delito de estupro, ya que perpetúa mitos y estereotipos nocivos sobre las adolescentes e ignora la dinámica de poder desigual entre ellas y los adultos, permitiendo a los agresores evadir las consecuencias de su delito.
Recortes presupuestarios para la protección de los derechos de las mujeres y las niñas
Otro de los puntos destacados en los informes son las medidas de austeridad implementadas por el Gobierno federal en años recientes que han impactado en los recursos destinados a programas que buscan promover la igualdad y combatir la violencia de género, perjudicando así a los esfuerzos de prevención y atención.
Desde 2021 se registró un estancamiento y en algunos casos, una reducción de la asignación presupuestal a programas de prevención y atención de la violencia de género, tal es el caso de la labor de las 35 Casas para Mujeres Indígenas y Afromexicanas (CAMIS). “A pesar de las limitaciones financieras, seguimos prestando servicios esenciales, recurriendo a menudo al trabajo voluntario. Las más afectadas por la falta de financiación son las mujeres indígenas y afromexicanas supervivientes de la violencia”, indica Nelsy Ku Chay, Coordinadora de la Red Nacional de CAMIS.
ALIADAS insta a México a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para proteger a las mujeres y las niñas, así como garantizar el acceso a la justicia a las sobrevivientes de violencia sexual, sobre todo a quienes pertenecen a grupos en situación de especial vulnerabilidad, como las indígenas y afromexicanas, que enfrentan múltiples niveles de discriminación y desventaja. Para ello, es indispensable que proporcione recursos suficientes, progresivos y eficaces para los programas dedicados a enfrentar la violencia de género, especialmente aquellos destinados a las CAMIS para asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia desde un enfoque intercultural.
****************************ALIADAS es una coalición integrada por Colectiva Ciudad y Género, Center for Justice and International Law (CEJIL), Equality Now, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación, y Raíces Análisis de Género para el Desarrollo que, desde 2020, realizan incidencia e investigación sobre el cumplimiento del Estado mexicano en relación con su obligación de adoptar políticas orientadas a prevenir, erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un proceso en el que la situación de los derechos humanos del país es examinada y evaluada por sus pares en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Todos los Estados miembros de la ONU son sometidos a este tipo de examen cada cuatro años y medio, culminando con recomendaciones.