Implementación de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de Brisa de Angulo Losada vs. Bolivia, a tres años de su notificación

A tres años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Brisa de Angulo Losada vs. Bolivia, los estándares fijados siguen siendo centrales para garantizar el acceso a la justicia de niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual en América Latina y el Caribe.

En la región de América Latina y el Caribe, la violencia sexual continúa enfrentando obstáculos estructurales para ser investigada, juzgada y sancionada sin discriminación. En muchos países, los sistemas de justicia siguen reproduciendo estereotipos de género y edad, imponiendo cargas probatorias indebidas y ofreciendo respuestas tardías o ineficaces que generan revictimización.

Frente a estas fallas persistentes, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desempeñado un rol clave al desarrollar y precisar estándares de derechos humanos que establecen un piso mínimo de protección frente a la violencia sexual. Estos estándares orientan cómo deben cumplirse en la práctica las obligaciones internacionales asumidas por los Estados, incluyendo la prevención de la violencia, la investigación de los delitos, la sanción de los responsables y la reparación integral de las víctimas.

Uno de los precedentes más relevantes en este proceso es la sentencia en el caso Brisa de Angulo Losada vs. Bolivia, litigado por Equality Now junto a Brisa y organizaciones aliadas como parte de su trabajo de litigio estratégico para enfrentar las fallas institucionales que impiden el acceso a la justicia de niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual.

¿De qué trata el caso Angulo Losada?

Brisa de Angulo Losada tenía 16 años cuando fue víctima de violencia sexual por parte de un familiar adulto. Tras denunciar los hechos, su caso atravesó el sistema de justicia boliviano sin obtener una respuesta efectiva. La investigación estuvo marcada por demoras injustificadas, el uso de estereotipos discriminatorios basados en género y edad, prácticas revictimizantes y una falta de debida diligencia reforzada, lo que consolidó un escenario de impunidad.

Ante la ausencia de justicia a nivel nacional, el caso fue presentado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En su sentencia, la Corte Interamericana concluyó que el Estado boliviano violó el derecho de acceso a la justicia de Brisa al no actuar con la debida diligencia reforzada requerida en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes.

¿Por qué esta sentencia es un precedente clave en la región?

La importancia de la sentencia Angulo Losada no radica únicamente en la reparación del caso individual, sino en su impacto regional. A partir del análisis de las fallas estructurales del sistema de justicia boliviano, la Corte desarrolló estándares que deben guiar la actuación de todos los Estados-parte de la Convención Ameriacana sobre Derechos Humanos, frente a la violencia sexual contra niñas y adolescentes.

Estos estándares refuerzan la obligación de los Estados de investigar y juzgar estos delitos sin discriminación, con una perspectiva de género, de niñez e interseccional, y reconociendo las desigualdades de poder que atraviesan este tipo de violencia. En ese sentido, la sentencia se ha convertido en una referencia clave para reformas legales, capacitaciones, desarrollo de protocolos de investigación y juzgamiento, y procesos de incidencia en distintos países de la región.

¿Qué estableció la Corte Interamericana?

En su sentencia, la Corte Interamericana desarrolló un conjunto amplio e interrelacionado de estándares sobre el acceso a la justicia en casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Entre ellos, estableció que:

• Los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia en casos de violencia sexual sin discriminación por razones de género y edad, actuando con debida diligencia reforzada cuando las víctimas son niñas y adolescentes.
• Las investigaciones y los procesos judiciales deben estar libres de estereotipos de género, edad o comportamiento esperado de las víctimas, y no pueden imponer cargas probatorias indebidas ni exigir conductas como resistencia física, denuncia inmediata o coherencia absoluta del relato.
• El consentimiento debe ocupar un lugar central en el análisis de los delitos de violencia sexual. No puede inferirse del silencio, la falta de resistencia o la conducta previa de la víctima, especialmente cuando existen relaciones de poder, autoridad o dependencia.
• En contextos de desigualdad de poder, como aquellos en los que el agresor ostenta una posición de autoridad o existe una marcada diferencia de edad, no puede considerarse válido ningún supuesto consentimiento.
• Figuras penales como el delito de estupro, que relativizan la violencia sexual contra adolescentes al basarse en nociones de seducción o consentimiento viciado, son incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y deben ser eliminadas.
• Los Estados deben adoptar medidas integrales de prevención, investigación, sanción y reparación, incluyendo la elaboración de protocolos adecuados, la capacitación especializada y continua de operadores y operadoras de justicia, y la provisión de atención integral a las víctimas para evitar su revictimización.

Estos estándares conforman un precedente de alcance regional que debe orientar la respuesta de los sistemas de justicia frente a la violencia sexual contra niñas y adolescentes.

Implementación del fallo: balance a tres años

Los estándares fijados por la Corte Interamericana siguen enfrentando importantes brechas de implementación en Bolivia y en la región. Por ejemplo, a nivel subnacional en México, el estado de Oaxaca reformó recientemente su legislación penal

En Bolivia, la legislación penal aún no ha sido reformada para colocar el consentimiento en el centro de los delitos de violencia sexual, manteniendo enfoques que exigen prueba de violencia o intimidación, en tensión con los estándares internacionales.

En 2026, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Bolivia ha retomado el debate sobre un proyecto de ley orientado a reformar el Código Penal y Procesal Penal,. que incluye la modificación del delito de violación, la eliminación del delito de estupro, el reconocimiento específico de la violación incestuosa y la imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

En paralelo, el Estado boliviano ha desarrollado instancias de capacitación dirigidas a jueces, fiscales y fuerzas policiales, así como a servicios municipales de atención a sobrevivientes, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación Una Brisa de Esperanza (FUBE), la Comunidad de Derechos Humanos y otras organizaciones aliadas.. Estas conferencias y talleres han buscado promover enfoques sensibles al género y a la niñez, así como fortalecer la comprensión de los estándares interamericanos y las obligaciones de debida diligencia en la investigación de la violencia sexual.

Si bien estas iniciativas representan un paso positivo en términos de sensibilización institucional, no sustituyen las reformas estructurales y de especialización exigidas por la Corte Interamericana.
La transformación de prácticas judiciales arraigadas en estereotipos discriminatorios requiere cambios normativos, protocolos claros y formación sostenida, orientados a garantizar que las niñas y adolescentes sobrevivientes no enfrenten revictimización al buscar justicia.

En este mismo sentido, la Fiscalía General del Estado ha iniciado recientemente un proceso formal de adecuación del Protocolo Iberoamericano para la Investigación de Casos de Violencia Sexual al contexto boliviano. Este proceso constituye una oportunidad relevante para avanzar en la incorporación de estándares regionales en la práctica investigativa, siempre que vaya acompañado de voluntad política, recursos adecuados y mecanismos de implementación efectivos.

En este contexto, el trabajo de la sociedad civil ha sido clave para impulsar la implementación de los estándares fijados por la Corte Interamericana más allá del plano jurisprudencial. Desde Equality Now, junto con organizaciones aliadas, se ha promovido su apropiación práctica a través de la Red Regional de Acceso a la Justicia, un espacio que articula a organizaciones de sobrevivientes, abogadas litigantes, activistas y operadoras de justicia de distintos países de la región.

A través de este trabajo articulado, se han desarrollado procesos de formación, intercambio de experiencias y herramientas de comunicación orientadas a visibilizar las barreras estructurales que enfrentan las sobrevivientes al buscar justicia. Iniciativas como el videopodcast JUSTAS: el camino de las sobrevivientes han contribuido a traducir los estándares interamericanos en aprendizajes concretos para la incidencia, el litigio y la transformación de las prácticas judiciales.

Tres años después de su notificación, la sentencia en el caso de Brisa de Angulo Losada vs. Bolivia sigue siendo un referente clave para evaluar el cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones frente a la violencia sexual contra niñas y adolescentes.. Su implementación plena y efectiva es exigida por el derecho internacional de los derechos humanos y requiere voluntad política, articulación institucional y un compromiso sostenido de la sociedad civil en toda la región.