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La Red Regional de Acceso a la Justicia reúne a más de 12 organizaciones de la sociedad civil, además de expertas independientes, operadoras de justicia (fiscales, juezas y auxiliares de justicia), defensoras de derechos humanos y sobrevivientes de América Latina y el Caribe (LAC), unidas para promover el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos en materia de violencia sexual y acceso a la justicia en la región.
Desde una perspectiva feminista, interseccional e intersectorial, la Red parte del reconocimiento de que, pese a los avances normativos en la región, persisten altos niveles de impunidad, estereotipos de género en los sistemas judiciales, prácticas revictimizantes y profundas brechas estructurales, que afectan de manera particular a niñas y adolescentes, especialmente a aquellas que viven en zonas rurales, incluidas afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y aquellas que se encuentran en contextos de pobreza.
La Red lleva a cabo varias funciones esenciales para fortalecer la respuesta regional a la violencia sexual.
Monitorea el cumplimiento de los compromisos estatales, identifica buenas prácticas y obstáculos comunes, y genera evidencia comparada para fundamentar las políticas públicas y los marcos legales. La Red también desarrolla análisis técnicos, herramientas y declaraciones conjuntas sobre temas emergentes, asegurando que su trabajo sea oportuno y basado en evidencia.
La Red presenta opiniones expertas (amicus curiae) ante tribunales nacionales e internacionales y participa activamente en foros regionales e internacionales de derechos humanos. A través de este trabajo colectivo, promueve la adopción de marcos legales y protocolos que se alinean con los estándares internacionales y contribuye a consolidar la coordinación regional entre los distintos actores del sector justicia.
Finalmente, su objetivo es impulsar cambios concretos en leyes, políticas públicas y prácticas institucionales para garantizar el acceso efectivo a la justicia y prevenir retrocesos en la protección de los derechos de mujeres, adolescentes y niñas sobrevivientes de violencia sexual.
En América Latina y el Caribe, las políticas públicas y los marcos institucionales esenciales dedicados a la igualdad de género están siendo activamente socavados. Este debilitamiento se evidencia en varios países de la región a través de distintas acciones:
Simultáneamente, la región enfrenta un aumento alarmante de campañas de desinformación y discursos anti-derechos. Estas narrativas buscan agresivamente revertir los avances feministas al:
Este contexto de regresión y ataque hace que el trabajo de la Red sea aún más crítico y urgente. Frente a estos retrocesos, la Red adopta una postura decisiva para:
Su meta es ayudar a asegurar que la cuestión de la violencia sexual, y la obligación fundamental del Estado de garantizar justicia, ocupe un lugar central en las agendas públicas y no sea desplazada o silenciada por narrativas regresivas.
Los orígenes de la Red se remontan a noviembre de 2023, cuando un grupo diverso de activistas, juezas, fiscales, litigantes, expertas en derechos humanos y sobrevivientes se reunió en Cartagena, Colombia. El encuentro sirvió para intercambiar conocimientos, identificar desafíos comunes y definir acciones conjuntas.
De esta reunión surgió una necesidad clara: establecer un organismo regional centrado específicamente en la implementación efectiva de los estándares internacionales sobre violencia sexual y el acceso a la justicia. Fue a partir de este imperativo que nació la Red Regional para el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe, impulsada por Equality Now.
Desde su fundación, la Red ha desarrollado rápidamente varias iniciativas clave para fortalecer el acceso a la justicia en la región:
En noviembre de 2025, la Red celebró su segundo encuentro intersectorial presencial en Bogotá, que reunió a sus integrantes durante tres días. Los objetivos del encuentro fueron:
Actualmente, la Red articula con organizaciones de la sociedad civil nacionales y con redes regionales afines como CLADEM Regional, la Red Especializada en Género (REG) de la AIAMP, u la red de sobrevivientes Resilientes e Inquebrantables. Esta colaboración es un proceso colectivo abierto a la integración de otras redes e iniciativas.
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