Una visión general de los derechos de las mujeres en la región

En toda América Latina y el Caribe, las mujeres y las niñas siguen sufriendo violencia de género generalizada y enfrentando leyes discriminatorias y obstáculos para acceder a la justicia. A pesar de los avances legislativos y los compromisos internacionales —entre ellos CEDAW y la Convención de Belém do Pará – La falta de aplicación de la ley, las normas culturales y las brechas legales impiden alcanzar la plena igualdad de género. Entre los principales problemas se destacan las elevadas tasas de feminicidio, la violencia sexual, el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina (MGF) y las restricciones a los derechos reproductivos, que afectan especialmente a las mujeres indígenas, afrodescendientes y otros grupos en situación de vulnerabilidad.

La violencia sexual y los obstáculos para acceder a la justicia

La violencia de género sigue siendo uno de los problemas más graves en materia de derechos humanos en la región, con fallos sistémicos en materia de prevención, protección y enjuiciamiento.

Cuestiones regionales clave:

Altas tasas de violencia sexual e impunidad
La violencia sexual está muy extendida en toda América Latina y el Caribe, y la impunidad sigue siendo la norma. Países como Bolivia y México registran índices especialmente elevados, lo que refleja la magnitud y la urgencia del problema en la región. Es muy habitual que no se denuncien todos los casos debido al estigma, al miedo a las represalias y a la escasa confianza en las instituciones.
Brechas en las definiciones legales de la violación
Muchos países de la región siguen definiendo la violación basándose en el uso o la amenaza de la fuerza, en lugar de en la falta de consentimiento. Estas definiciones obsoletas no se ajustan a las normas internacionales de derechos humanos y refuerzan mitos perjudiciales que dificultan el acceso a la justicia.
El sesgo judicial, la aplicación deficiente y la falta de enfoques interseccionales
Incluso en los casos en los que las leyes han mejorado, su aplicación sigue siendo irregular y, a menudo, ineficaz. Las personas que han sobrevivido a estos delitos se enfrentan a retrasos en los trámites legales, a que se les culpe a ellas y a respuestas institucionales deficientes. Estos retos son especialmente graves para las mujeres, las niñas y las adolescentes de comunidades marginadas, que sufren discriminación sistémica y la falta de enfoques que tengan en cuenta las cuestiones de género y la interseccionalidad en todo el sistema judicial.

Recomendaciones para los gobiernos de toda la región:

Adoptar una definición de violación basada en el consentimiento en todos los ordenamientos jurídicos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
Eliminar las disposiciones discriminatorias de la legislación vigente que perpetúan estereotipos perjudiciales u obstaculizan el acceso a la justicia de las víctimas.
Reforzar la aplicación de las leyes garantizando que los procesos judiciales se centren en las víctimas, la rendición de cuentas institucional y la formación de los profesionales del sistema judicial en materia de género e interseccionalidad.
Ampliar el acceso a la asistencia jurídica, los centros de acogida y el apoyo en materia de salud mental para las víctimas, sobre todo en las comunidades rurales e indígenas.

> Descúbrelo todo en nuestro informe de 2021, «Failure to Protect: Cómo las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual están perjudicando a las mujeres, las niñas y las adolescentes en las Américas»

El matrimonio infantil y las lagunas legales

Los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados (CEFMU) siguen afectando de forma desproporcionada a las niñas de toda la región, lo que refuerza los ciclos de pobreza, violencia y acceso limitado a la educación.

Cuestiones regionales clave:

Lagunas legales que permiten el matrimonio infantil: Aunque la mayoría de los países han fijado la edad mínima para casarse en los 18 años, muchos —como Bolivia, Argentina y Paraguay— siguen permitiendo excepciones con el consentimiento de los padres o de un juez, lo que expone a las niñas a la coacción y la explotación.
Alta prevalencia de uniones informales: Muchos matrimonios infantiles se celebran al margen de los marcos legales, sobre todo en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, lo que dificulta su regulación y prevención.
Factores económicos y sociales: La pobreza, la desigualdad de género y la falta de acceso a la educación y a las oportunidades económicas aumentan el riesgo de matrimonios infantiles y uniones forzadas.

Recomendaciones para los gobiernos de toda la región:

Eliminar todas las excepciones legales que permiten la participación de menores de 18 años en el CEFMU, garantizando así el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos.
Reforzar las leyes de protección de la infancia y los mecanismos de aplicación para vigilar y prevenir los matrimonios precoces.
Ampliar las oportunidades educativas y económicas de las niñas, reduciendo así su vulnerabilidad ante los matrimonios forzados.

> Descubre más en nuestro informe de políticas de 2024, «Acabar con los matrimonios y uniones infantiles, precoces y forzados en Colombia»

Mutilación genital femenina (MGF)

Se sabe que el pueblo indígena emberá de Colombia practica la mutilación genital femenina (MGF/C) de tipo I, normalmente en recién nacidas. Se calcula que dos de cada tres mujeres emberá han sufrido la MGF/C. Otras comunidades indígenas, así como las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, también pueden practicar la mutilación genital femenina. Aunque las campañas de sensibilización han llevado a algunas comunidades a abandonar esta práctica, la mutilación genital femenina sigue siendo un problema oculto con pocas prohibiciones legales.

En 2026, el Congreso colombiano aprobó una ley para prevenir y erradicar la mutilación genital femenina, lo que convirtió a Colombia en el primer país de América Latina en crear un marco legal específico para hacer frente a esta práctica.

Cuestiones regionales clave:

Falta de prohibiciones legales: Ningún país de la región cuenta con leyes específicas sobre la mutilación genital femenina, lo que deja a las mujeres y las niñas en situación de riesgo.
Acceso limitado a la justicia y a los servicios de apoyo: Muchas víctimas carecen de atención médica, recursos legales y apoyo psicológico.
Falta de políticas nacionales contra la mutilación genital femenina: los gobiernos no recopilan datos ni ponen en marcha programas de prevención, lo que dificulta abordar el problema de forma eficaz.

Recomendaciones para los gobiernos de toda la región:

Elaborar una legislación específica para prevenir, combatir y erradicar la mutilación genital femenina, garantizando el cumplimiento de la CEDAW y los tratados de derechos humanos.
Poner en marcha programas de acercamiento a la comunidad que tengan en cuenta las diferencias culturales para involucrar a los líderes indígenas en la prevención de la mutilación genital femenina.
Ampliar los servicios sanitarios y de apoyo para las supervivientes, incluyendo la cirugía reconstructiva y el asesoramiento para superar el trauma.

Leyes discriminatorias por razón de sexo y derechos de nacionalidad

Las mujeres de varios países de la región sufren discriminación legal que limita sus derechos en ámbitos fundamentales como la nacionalidad, la propiedad y la participación en la vida pública.

Cuestiones regionales clave:

Leyes de nacionalidad que discriminan a las mujeres: En países como las Bahamas, Barbados, Guatemala, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, las mujeres no pueden transmitir automáticamente la nacionalidad a sus hijos o a sus cónyuges extranjeros, o se les puede denegar ese derecho, lo que conlleva el riesgo de que estos se queden apátridas.
Leyes desiguales en materia de herencia y propiedad: En algunos países, se da prioridad a los herederos varones y los derechos de propiedad de las mujeres siguen estando restringidos, lo que refuerza su dependencia económica. En Chile, por ejemplo, el artículo 1749 del Código Civil sigue designando al marido como cabeza de la unión conyugal y administrador de los bienes gananciales y propios, a pesar de las garantías constitucionales de igualdad jurídica.
Barreras legales para la participación económica y política: Las mujeres siguen encontrando obstáculos para acceder a puestos de liderazgo, a la independencia económica y a la propiedad de la tierra debido a leyes obsoletas.

Recomendaciones para los gobiernos de toda la región:

Modificar las leyes de nacionalidad para garantizar la igualdad de derechos de las mujeres a la hora de obtener la ciudadanía.
Garantizar la igualdad de derechos de las mujeres en materia de herencia y propiedad, de acuerdo con la CEDAW y los principios de derechos humanos.
Impulsar reformas legales para potenciar la participación de las mujeres en la vida económica y política, asegurándose de que se eliminen los obstáculos que impiden el acceso a puestos de liderazgo y la independencia económica.

Equality Now colabora con organizaciones asociadas de América Latina y el Caribe para acabar con la violencia sexual y las prácticas nocivas, y para hacer frente a las leyes discriminatorias. Tras la publicación de nuestro informe de 2021, «Failure To Protect: How Discriminatory Sexual Violence Laws And Practices Are Hurting Women, Girls, And Adolescents In The Americas» (La falta de protección: cómo las leyes y prácticas discriminatorias en materia de violencia sexual perjudican a las mujeres, las niñas y las adolescentes en las Américas), hemos seguido trabajando junto con organizaciones de toda América Latina para reformar las leyes sobre violencia sexual y mejorar su aplicación, con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las sobrevivientes de violencia sexual.