Justicia sin discriminación: miradas interseccionales y desde el territorio sobre la violencia sexual en México

Del 25 al 28 de agosto, realizamos, en Ciudad de México, el Encuentro Nacional Justicia sin discriminación: miradas desde la interseccionalidad y el territorio sobre la violencia sexual, junto a siete organizaciones aliadas de distintos estados de del país: Colectiva Ciudad y Género, EnIgualdad A. C., Lúminas Centro de Derechos Humanos A. C., Mujer Ideas Desarrollo e Investigación (MIDI),la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), RAÍCES Análisis de Género para el Desarrollo y la Red de Abogadas Indígenas (RAI)–

La convocatoria, en la que participaron 40 activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres, niñeces e indígenas, en representación de 25 organizaciones, colectivas y redes de sociedad civil , surge desde una pregunta que atraviesa el trabajo de todas: qué significa, en la práctica, avanzar hacia una justicia sin discriminación para las sobrevivientes de violencia sexual.

De los estándares a una justicia sin discriminación

El punto de partida fue reconocer una tensión que atraviesa el acceso a la justicia en el país: México cuenta con un amplio marco jurídico de protección y ha asumido importantes obligaciones internacionales, pero persisten profundas brechas entre esos estándares y la experiencia concreta de quienes buscan justicia. La falta de armonización de la legislación penal entre entidades federativas se suma a desigualdades territoriales y formas estructurales de discriminación que afectan de manera especialmente profunda a mujeres, niñas y adolescentes indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, de zonas rurales y de otros grupos históricamente discriminados.

Por eso, una de las discusiones de este encuentro fue acerca de qué significa realmente hablar de una justicia sin discriminación. En el panel integrado por la Red Nacional de Abogadas Indígenas, RAI, y la Red de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, CAMIA, desde las perspectivas antirracista e intercultural se cuestionó las respuestas homogéneas frente a la violencia sexual. Desde las experiencias y realidades de mujeres indígenas, se planteó la necesidad de reconocer cómo el racismo, la discriminación étnica, el género y otras desigualdades se entrecruzan y pueden generar barreras específicas para el acceso a la justicia. En este sentido, abordar la violencia sexual desde una perspectiva antirracista e intercultural implica no solo garantizar el reconocimiento de los derechos, sino transformar las prácticas institucionales para que respondan a la diversidad de contextos, saberes y experiencias de las mujeres.

En mesas de trabajo, además, las participantes reconstruyeron las rutas que recorren niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes cuando buscan acceder a la justicia e identificaron barreras desde una perspectiva interseccional. En un país con más de 30 códigos penales distintos y profundas desigualdades territoriales, garantizar los mismos derechos exige reconocer que las barreras, los recursos disponibles y las relaciones con las instituciones no son iguales en todas partes.

Cambiar la pregunta: del uso de la fuerza al consentimiento

Uno de los ejes centrales del Encuentro fue el estándar del consentimiento. Durante décadas, muchas legislaciones sobre violencia sexual han partido de preguntas como: ¿hubo violencia física? ¿La víctima se resistió? ¿Gritó? ¿Presentaba lesiones? Los estándares internacionales proponen desplazar esa mirada y formular una pregunta diferente: ¿existió un consentimiento libre y voluntario?

Este cambio es fundamental porque permite reconocer que la violencia sexual no siempre ocurre mediante el uso visible de la fuerza. Puede producirse en contextos atravesados por intimidación, abuso de poder, dependencia, coerción, vulnerabilidad u otras circunstancias que hacen imposible expresar una voluntad libre.

Sin embargo, este estándar todavía está lejos de incorporarse de manera homogénea en la legislación mexicana. El análisis de Equality Now, Del paradigma de la fuerza al del consentimiento: hacia una reforma integral de los delitos sexuales en México, muestra que 32 de los 33 códigos penales del país continúan definiendo la violación a partir del uso de violencia física, moral o psicológica. Oaxaca es actualmente la única entidad que ha eliminado ese requisito y adoptado el estándar del consentimiento.

Además, el delito de estupro sigue vigente en 25 códigos penales estatales. Esta figura clasifica como un delito de menor gravedad conductas sexuales contra adolescentes cuyo consentimiento se considera inválido por circunstancias como el engaño, la seducción o el aprovechamiento de una relación desigual de poder, lo que puede traducirse en penas más bajas y una menor protección frente a la violencia sexual.

Al mismo tiempo, mantener nociones ambiguas y moralizantes como la «seducción» o el «engaño» desvía el análisis de la cuestión central: si existió un consentimiento libre y voluntario, considerando también las relaciones de poder, la coerción y otras circunstancias que pueden impedir que una adolescente ejerza libremente su autonomía sexual. Por ello, los congresos estatales deberían derogar la figura del estupro y armonizar la legislación penal en materia de violencia sexual conforme a un modelo basado en la ausencia de consentimiento, garantizando una protección integral de las personas adolescentes.

La reforma también se disputa en la conversación pública

También compartimos, junto con la abogada de derechos humanos, Mónica Bayá, Secretaria Técnica de la Comunidad de Derechos Humanos y nuestra aliada en la implementación de la campaña en Bolivia, la experiencia de incidencia y comunicación alrededor de la Ley Brisa en Bolivia.

El proceso permitió analizar cómo una reforma basada en el estándar del consentimiento enfrentó una fuerte reacción opositora y campañas de desinformación que instalaron narrativas sobre «falsas denuncias», supuestas amenazas a los hombres y pérdida de garantías procesales. Junto con Mónica Bayá, reflexionamos sobre la importancia de avanzar hacia una conversación pública que ponga en el centro los derechos de las sobrevivientes y permita comprender qué significa una legislación basada en el consentimiento.

Una ruta colectiva hacia una justicia sin discriminación

El Encuentro nos deja mucho más que aprendizajes: alianzas renovadas, nuevas herramientas y una ruta colectiva para seguir transformando las condiciones que permiten y reproducen la violencia sexual. Nos llevamos la certeza de que frente a los desafíos que enfrentamos, organizarnos, acompañarnos y tejer redes entre territorios es también una forma de hacer justicia y de construir poder colectivo.

La agenda que acordamos combina incidencia legislativa, trabajo con autoridades comunitarias y operadores de justicia, incidencia social y litigio estratégico, reconociendo que los cambios que necesitamos requieren actuar desde distintos frentes y desde las realidades concretas de cada territorio.

Nos llevamos el compromiso de seguir abriendo caminos para una justicia sin discriminación, libre de violencias y verdaderamente accesible para todas.