Uruguay: nuevos pasos para transformar el acceso a la justicia frente a la violencia sexual

Del 11 al 14 de agosto, Equality Now, junto a CLADEM Uruguay y Proyecto Ikove, realizamos, actividades de incidencia, fortalecimiento de capacidades y articulación institucional para impulsar reformas y mejorar la respuesta frente a la violencia sexual en Uruguay, en el marco del Día Regional de Solidaridad con Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual, que se conmemora cada 9 de agosto.

Uruguay ha dado pasos importantes para prevenir y responder a la violencia basada en género. Sin embargo, para muchas niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia sexual, acceder a la justicia continúa implicando atravesar barreras legales, institucionales y territoriales.

Los datos muestran la magnitud del desafío: aproximadamente una de cada tres personas menores de 18 años ha sufrido algún tipo de violencia sexual y en siete de cada diez casos de violencia sexual denunciados ante la policía, la víctima es una niña, niño o adolescente.

Frente a este escenario, la nueva alianza entre Equality Now y organizaciones locales busca impulsar cambios legislativos e institucionales que mejoren el acceso a la justicia para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en Uruguay.

Una hoja de ruta para fortalecer el acceso a la justicia

La semana comenzó el 11 de agosto en el Palacio Legislativo con el evento “Barreras de acceso a la justicia en violencia sexual”, el cual reunió a autoridades nacionales, legisladoras de diferentes partidos políticos, integrantes del poder judicial, ministerios públicos, organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes.

Durante la apertura, la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, expresó la disposición del Parlamento a continuar impulsando esta agenda: “Cuenten con el Parlamento para impulsar leyes que permitan un mejor acceso a la justicia.”

En ese espacio presentamos junto a nuestras aliadas nacionales Fortaleciendo el acceso a la justicia para sobrevivientes de violencia sexual en Uruguay, un documento que analiza el grado de incorporación de los estándares internacionales en la legislación y las instituciones del país, que identifica los principales desafíos y propone recomendaciones para avanzar hacia una respuesta estatal más efectiva, con enfoque de derechos humanos, género e interseccionalidad.

El análisis reconoce los importantes avances normativos e institucionales construidos en Uruguay, pero también identifica déficits estructurales y vacíos normativos , que continúan limitando el acceso efectivo a la justicia para mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia sexual.

Como explicó Sofía Quiroga, Advocacy Officer de Equality Now, durante la apertura del evento, el desafío tiene dos dimensiones estrechamente relacionadas: mejorar la implementación de las leyes que ya existen y continuar adecuando los marcos normativos a los estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, el documento busca reconocer los avances alcanzados en Uruguay, pero también promover una conversación sobre los desafíos que siguen pendientes, entre ellos garantizar una justicia oportuna, especializada y libre de estereotipos y discriminación para víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.

El consentimiento debe estar en el centro

Actualmente, el Código Penal uruguayo no define los delitos sexuales sobre la base de la ausencia de consentimiento, sino a partir del uso de violencia o amenazas, o de determinadas circunstancias en las que la ley presume violencia. La legislación uruguaya ya dio pasos importantes al establecer que el silencio, la falta de resistencia o la historia sexual de la víctima no pueden interpretarse como manifestaciones de consentimiento. Sin embargo, la falta de consentimiento todavía no constituye el elemento central de la tipificación penal.

Gabriela Kletzel, Senior Legal Advisor de Equality Now, destacó que incorporar el consentimiento como eje de la legislación no significaría introducir un paradigma completamente ajeno al ordenamiento uruguayo. Por el contrario, permitiría profundizar transformaciones que ya han comenzado en otras áreas de la normativa y alinearlas con los estándares internacionales.

Durante el encuentro parlamentario, Equality Now también compartió junto a ParlAmericas las Guías para legislar sobre violencia sexual: enfoque centrado en el consentimiento, una herramienta orientada a apoyar a personas parlamentarias en el diseño y revisión de leyes sobre violencia sexual.

Tiempo de las víctimas

Otro de los debates centrales fue la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes, actualmente en discusión en Uruguay. El trauma, el miedo, la dependencia respecto de quien ejerció la violencia y otros factores pueden hacer que una persona necesite muchos años para comprender, nombrar o denunciar lo ocurrido, por lo que los plazos legales pueden convertirse en una barrera concreta para acceder a la justicia.

Victoria Marichal, de Proyecto Ikove, llevó esta realidad al centro de las discusiones desde la experiencia de las sobrevivientes, señalando que los plazos establecidos por la ley a menudo no coinciden con los de quienes atravesaron violencia sexual.

Tener buenas bases legales no es suficiente

La Ley N.º 19.580, de violencia contra las mujeres basada en género, creó un marco integral de prevención, atención, protección, sanción y reparación. Uruguay cuenta, además, con fiscalías especializadas, protocolos de investigación, servicios de atención y mecanismos de coordinación. Pero estos avances no llegan de la misma manera a todas las personas ni a todo el territorio.

El documento presentado en el Parlamento señala que Montevideo cuenta con 12 juzgados especializados en violencia doméstica y basada en género, mientras que únicamente Rivera, Salto y Maldonado disponen de juzgados especializados en violencia sexual. La mayoría de los departamentos del país, por lo tanto, todavía no cuenta con justicia especializada en esta materia.

También persisten barreras en los propios procesos judiciales. Entre ellas se encuentran las demoras, la sobrecarga del sistema, la insuficiente especialización, la reiteración de declaraciones pese a la existencia de protocolos de declaración única y de formas de valorar la prueba que siguen cuestionando la credibilidad de las víctimas a partir de estereotipos de género.

Durante el panel en el Parlamento, representantes de instituciones públicas y especialistas coincidieron en que mejorar el acceso a la justicia también requiere fortalecer la coordinación entre las distintas agencias que intervienen en cada caso y evitar que sea la propia víctima quien tenga que conectar sistemas que deberían trabajar de manera articulada.

Proteger los avances y evitar retrocesos

Durante las jornadas, se advirtió sobre iniciativas orientadas a debilitar algunas de las garantías establecidas por la Ley N.º 19.580 y sobre el uso creciente de narrativas acerca de las llamadas “denuncias falsas”. En particular, se señaló el artículo 179 bis del Código Penal, incorporado en 2023, que prevé penas agravadas por el delito de simulación cuando la denuncia deriva en determinadas medidas de protección en casos de violencia basada en género. Se advirtió que esta disposición podría reforzar discursos que cuestionan la credibilidad de las víctimas y desalentar la denuncia de hechos de violencia basada en género.

Esta preocupación trasciende las fronteras uruguayas. Equality Now está documentando la proliferación de iniciativas similares en distintos países de América Latina, y el antecedente uruguayo ya aparece en debates legislativos de la región. En este contexto, avanzar en el acceso a la justicia implica impulsar las reformas pendientes y, al mismo tiempo, evitar retrocesos en las garantías que la ley ya reconoce a todas las partes involucradas en el proceso.

Fortalecimiento de capacidades profesionales frente a la violencia sexual

Como parte de la semana de actividades, los días 12 y 13 de agosto realizamos la capacitación “Violencia sexual: herramientas para la atención, protección y acceso a la justicia”, dirigida a más de 100 profesionales que intervienen en la atención de situaciones de violencia sexual.

Durante las dos jornadas se abordaron temas como la perspectiva de género interseccional, los estereotipos de género y su impacto en el acceso a la justicia, las múltiples expresiones de la violencia sexual y las relaciones de poder que las sostienen, así como la importancia de comprender estas violencias desde un enfoque informado sobre el trauma.

La capacitación combinó formación e intercambio entre profesionales de distintos ámbitos, con responsabilidades concretas frente a la violencia sexual, con el objetivo de fortalecer las prácticas de escucha, protección, acceso a la justicia y reparación para víctimas y sobrevivientes.

Alianzas para transformar

Durante la semana también se realizaron reuniones estratégicas con instituciones y organizaciones aliadas para definir los próximos pasos de la campaña de incidencia. Mantuvimos una reunión con parlamentarias de la Bancada Bicameral Femenina del Parlamento de Uruguay para dialogar sobre proyectos de ley vinculados a la violencia sexual y explorar oportunidades de seguimiento e incidencia conjunta.

También nos reunimos con Mónica Xavier, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), para conversar sobre posibles líneas de trabajo orientadas a mejorar el acceso a la justicia de sobrevivientes de violencia sexual en Uruguay, especialmente niñas y adolescentes. Entre ellas, se identificaron oportunidades tanto en el ámbito parlamentario, para avanzar en los cambios normativos necesarios, como en el fortalecimiento de capacidades del Poder Judicial y la Fiscalía, incluso a través de posibles intercambios de experiencias y buenas prácticas con otros países de la región.

La agenda permitió además abrir nuevas líneas de articulación regional. En encuentros con ParlAmericas y PARLATINO, se conversó sobre su apoyo al desarrollo y la promoción de las guías legislativas sobre matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas (MUITF), orientadas a fortalecer los marcos normativos en la región.

Para Equality Now, esta semana representa un paso importante para profundizar nuestro trabajo en Uruguay junto a CLADEM Uruguay, Proyecto Ikove y otras actoras nacionales, y seguir impulsando cambios concretos para mejorar el acceso a la justicia de víctimas y sobrevivientes de violencia sexual.