Reflexiones colectivas desde la 56.ª Asamblea General de la OEA

La región de América Latina y el Caribe atraviesa un momento regresivo para los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y juventudes. Una reacción conservadora organizada, conocida como backlash, trabaja para frenar, vaciar o revertir las conquistas de los movimientos feministas, a través de reformas legales regresivas, el debilitamiento de las instituciones de igualdad, el desfinanciamiento de políticas públicas, el cierre de instituciones y espacios de participación, y campañas de deslegitimación de las agendas de mujeres y feministas. Es una ofensiva transnacional que, en la región, encuentra terreno fértil en la desigualdad estructural, la fragilidad institucional y los altos niveles de violencia de género.

En ese escenario se desarrolló la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que del 22 al 24 de junio de 2026 reunió en Panamá a delegaciones estatales, mecanismos interamericanos y organizaciones de la sociedad civil.

Equality Now participó junto a una amplia red de aliadas de la región, las conversaciones de esos días, cargados de eventos y encuentros de estrategia política, giraron en torno a una idea sobre la que venimos trabajando hace tiempo: no existe democracia plena si no se garantiza el derecho de las mujeres y las juventudes a participar en la vida pública libres de violencia.

La violencia digital de género y su efecto silenciador limita la democracia

En cada espacio del que formamos parte, la violencia de género facilitada por las tecnologías apareció como un tema que atravesó los debates.

En 2025, la región dio un paso importante con la sanción de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género, impulsada por el MESECVI. La ley nos ordena y nos da una hoja de ruta común, pero resulta fundamental seguir abriendo espacios de discusión. La conversación no se agota con la sanción de la norma: comenzó antes y seguirá después.

Esto ocurre, además, en un contexto en el que, como señalábamos, los actores antiderechos ganan terreno y el discurso violento de algunos liderazgos contribuye a normalizar estas prácticas. Cuando se ataca, silencia o expulsa de la esfera pública a las mujeres y a las juventudes, la democracia se debilita. Por eso, quedó clara una convicción compartida: la respuesta no puede descansar en la sanción de leyes por sí sola. Hace falta protección real, prevención, acceso oportuno a la justicia, presupuesto y reparación integral.

Construir esa lectura común fue gran parte del trabajo de la Articulación de la Sociedad Civil en Seguimiento a la Convención de Belém do Pará durante estos días en Panamá. De allí surgieron algunos consensos. Las leyes y políticas deben proteger sin habilitar censura, vigilancia masiva ni restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión; deben partir de un enfoque interseccional, reconociendo que la violencia digital golpea con más dureza a las mujeres indígenas, afrodescendientes, LGBTIQ+, con discapacidad o con VIH; deben ir más allá de la respuesta penal, priorizando la prevención, la reparación integral y el acompañamiento a las sobrevivientes; y deben exigir transparencia y rendición de cuentas a las plataformas digitales, que cumplen un papel central en la forma en que la violencia se amplifica o permanece impune.

Las juventudes, en el centro

Si la democracia se construye con todas, las juventudes tienen que formar parte de esa construcción. Las personas jóvenes son actores políticos del presente, con capacidad de incidir, movilizar, monitorear a las instituciones y crear nuevas narrativas públicas. Sin embargo, enfrentan barreras diferenciadas para participar: el adultocentrismo, la desigualdad territorial y socioeconómica, entre otras, que además se profundizan cuando se combinan con la discriminación y con la violencia política y digital.

Por eso una de nuestras prioridades fue y es abrir espacio y construir liderazgos jóvenes de manera sostenida. Eso implica invitar a las juventudes no como testimonios ocasionales, sino como protagonistas del análisis y de la construcción de propuestas; crear puentes intergeneracionales que permitan transmitir aprendizajes en ambas direcciones; y acompañar a quienes empiezan a tomar la palabra para que puedan permanecer en la vida pública sin pagar por ello el precio de la violencia.

Promover la participación sustantiva de esos liderazgos es una manera de proteger el futuro de la democracia en la región. La Coalición de Derechos Humanos de Adolescentes y Jóvenes de las Américas, co-coordinada por Equality Now y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, trabaja precisamente para que las voces, las experiencias y las prioridades de las juventudes ocupen un lugar real en los procesos regionales de toma de decisiones.

La fuerza de la articulación regional

Ninguna ley por sí sola resuelve el problema, y frente a una reacción organizada y global ninguna organización avanza sola. La respuesta tiene que ser igualmente coordinada y capaz de operar más allá de las fronteras, articulando agendas e intercambiando estrategias. Eso supone defender activamente los marcos internacionales de derechos humanos cuando son atacados, producir evidencia rigurosa para desmontar las narrativas falsas en las que se apoya el backlash, e invertir en comunicación política que le hable a la ciudadanía en su propio lenguaje.

Esa es la apuesta de espacios como la Articulación Belém do Pará y la Coalición de Derechos Humanos de Adolescentes y Jóvenes de las Américas: sostener la conversación, identificar alertas y construir prioridades comunes que ninguna organización podría definir por sí sola. La igualdad de género se conquista y se defiende colectivamente.

De los estándares a la acción

América Latina y el Caribe cuentan con un marco interamericano sólido: la Convención de Belém do Pará, las leyes modelo sobre violencia política y violencia digital, y los estándares regionales sobre paridad. Además, en esta Asamblea general se alcanzó un significativo avance: Canadá ratificó la Convención de Belém do Pará y se convirtió en Estado Parte de este instrumento clave para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. Así, la Convención alcanza 33 Estados Parte y reafirma su vigencia hemisférica: una muestra de que, incluso en un escenario de retroceso, el compromiso regional con los derechos de las mujeres puede seguir creciendo.

Desde Equality Now seguiremos tejiendo alianzas, generando evidencia e impulsando reformas para que el derecho a una vida libre de violencias, también en los entornos digitales, deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad para todas las mujeres, las adolescentes y las niñas de la región.